Reforma previsional: Fuerte ajuste sobre trabajadores, municipios y pasivos.

El gobierno provincial presentó un proyecto de reforma previsional bajo el argumento de “restaurar el equilibrio y fortalecer la sustentabilidad” de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Sin embargo, detrás del relato oficial sobre la reforma, el texto impulsa un profundo ajuste que recae sobre trabajadores activos, jubilados, pensionados y también sobre municipios y comunas adheridas al sistema.

La iniciativa declara la emergencia económica y financiera del sistema previsional y otorga amplias facultades al Poder Ejecutivo para modificar aportes, establecer contribuciones extraordinarias y hasta fijar límites a beneficios previsionales superiores a quince haberes mínimos. Entre las medidas más inmediatas aparece la creación de un aporte extraordinario para trabajadores activos con salarios superiores a los tres millones de pesos, con descuentos progresivos que van del 1% al 8% según el nivel salarial.

A esto se suma un punto que contribuye fuertemente a desfinanciar a los municipios, que ya tienen sus arcas exhaustas producto del retiro del estado nacional y provincial: se suma un incremento excepcional del 3% en los aportes patronales que deberán afrontar todos los empleadores alcanzados por el régimen, incluyendo los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, empresas públicas y también municipios y comunas adheridas. El proyecto incluso habilita al Ejecutivo a modificar esos porcentajes en el futuro.

Uno de los puntos más sensibles es el endurecimiento de las condiciones jubilatorias. La reforma eleva progresivamente la edad y los años de aportes requeridos para acceder a la jubilación ordinaria. Para los actuales aportantes, el esquema comenzará a modificarse desde 2031 hasta llegar a los 65 años de edad y 35 años de aportes tanto para hombres como para mujeres en 2046. En el caso de quienes ingresen al sistema después de aprobada la ley, la edad jubilatoria saltará directamente a 68 años con 35 años de aportes.

La reforma también modifica el cálculo del haber jubilatorio. El 82% móvil dejará de calcularse sobre el salario del cargo activo para pasar a determinarse sobre el promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones mensuales sujetas a aportes, es decir, los últimos 20 años de carrera laboral. Además, las jubilaciones por invalidez y edad avanzada bajarán al 70% del promedio salarial y las pensiones quedarán fijadas en el 70% del haber del causante.

Otro cambio relevante afecta la movilidad jubilatoria. Los aumentos dejarán de estar atados al escalafón específico del trabajador jubilado y pasarán a regirse por las paritarias del Escalafón General de la Administración Pública Provincial. Además, la actualización llegará con un retraso de hasta 60 días hábiles desde el ingreso de los aportes derivados del aumento salarial.

El proyecto también incorpora nuevos aportes sobre jubilaciones especiales. Quienes accedan a regímenes diferenciales —como docentes, trabajadores penitenciarios o personal de salud expuesto a tareas riesgosas— deberán seguir realizando aportes previsionales incluso después de jubilarse, hasta alcanzar la edad de la jubilación ordinaria común.

En paralelo, los municipios y comunas quedan especialmente expuestos. La reforma establece que deberán cubrir el déficit previsional que generen y habilita a la Provincia a retener automáticamente fondos coparticipables ante deudas previsionales, dejando sin efecto limitaciones previstas en otras normas de coparticipación. Esto podría traducirse en mayores tensiones financieras para gobiernos locales ya golpeados por la caída de recursos.

El texto también endurece incompatibilidades y condiciones de acceso. Se faculta al Estado a intimar a trabajadores que ya estén en condiciones de jubilarse y, transcurridos seis meses, avanzar con la extinción del vínculo laboral sin indemnización. Asimismo, las pensiones por viudez dejan de ser vitalicias en muchos casos y pasarán a tener una duración limitada equivalente al tiempo de matrimonio o convivencia, salvo excepciones.

Con el argumento de garantizar la sustentabilidad del sistema, la reforma avanza sobre derechos históricos del régimen previsional entrerriano. El resultado es un esquema que traslada el peso del déficit a trabajadores activos, jubilados y gobiernos locales, mientras amplía las facultades del Poder Ejecutivo para intervenir sobre el sistema en el futuro.